Los tribunales tumban las ordenanzas lingüísticas del ayuntamiento de Barcelona por apreciar en ellas la exigencia a los operarios municipales de un conocimiento excesivo, desproporcionado, de la lengua catalana en el desempeño de sus funciones. Nunca nadie fue más lejos en esta materia que Collboni. El PSC, pues, en primera línea de batalla por la antipática y asfixiante divisa “volem viure només en català” (*) pregonada por nuestros “aborigenistas” más exaltados. Licenciatura en Filología Catalana para retirar pegatinas de una farola. En realidad, nada nuevo bajo el sol. De igual manera, el gobierno tripartito presidido por Montilla fue el que incoó más expedientes sancionadores por el idioma de los rótulos comerciales… hasta que su marca fue pulverizada por el actual gabinete de Salvador Illa. Comoquiera que los socialistas no alcanzan en sus declaraciones el nivel de confrontación de los separatistas con el gobierno de la nación (si es de derechas), siempre se hacen perdonar ese baldón en su currículum promoviendo las medidas lingüísticas más extremas y excluyentes. Es un socorrido mecanismo compensatorio, el llamado síndrome “MIC” ((**) véase entrada correspondiente en “Demens Catalònia”).
Collboni, por su impericia y sectarismo, digno sucesor de Ada Colau, impuso a la plantilla la acreditación obligatoria del nivel C1 de catalán, sea el caso del empleado de mantenimiento que cambia una bombilla. De ello se desprende que un conspicuo fámulo al servicio del nacionalismo como fue, y es, don José Montilla (figura también en su envidiable cursus honorum la nada desdeñable dignidad de ministro de Industria del gobierno de España), jamás habría tenido la más mínima chance de optar a la plaza de empleado de base adscrito al hipotético negociado de “custodia de paraguas, en días lluviosos, de los concejales llamados a pleno”. Y nunca habría podido lucir, en desdoro de sus muy altas capacidades, ese uniforme de gala tan suntuoso de los domésticos palatinos: levita, alamares de perifollo, charreteras al hombro y guantes blancos para vaciar la bacinilla del pis de sus Señorías reunidas en cónclave deliberativo.
El mérito es cosa de Ángel Escolano, y ya van unas cuantas, combativo y litigioso líder de CCC (Convivencia Cívica Catalana). Con todo, se trata de una victoria en el ámbito judicial, importante por cuanto supone el triunfo del sentido común en una sociedad bilingüe en la realidad, pero férreamente monolingüe en su registro institucional, al tiempo que causa cierto desasosiego, una suerte de melancolía, que cosas tan evidentes deban dirimirse en pleitos año tras año: la ley del “eterno retorno”. Pero, no echemos las campanas al vuelo, es sabido que el nacionalismo confeso, e inconfeso (PSC), hacen a esas sentencias el mismo caso que usted a las cansinas peroratas de nuestros cineastas subvencionados o a las incendiarias soflamas pro-gubernamentales de personajillos televisivos de ínfimo rango moral. O sea, ninguno. No es la primera vez que son flagrantemente desobedecidas sin que los infractores hayan cobrado amonestación alguna, amparados en una apacible impunidad que denota ausencia del más mínimo atisbo de convicción y espíritu democráticos tanto en su ideario como en su ejecutoria personal.
A una normativa anulada, sucede al punto otra peor que, lejos de contener las recomendaciones del tribunal en su fallo, da pábulo a instrucciones más restrictivas y desafiantes, y de obligado cumplimiento hasta un nuevo pronunciamiento judicial, previa interposición de la denuncia pertinente por mano del incansable Ángel Escolano o de alguna otra de las entidades que integran la resistencia a nuestro localismo particularista. O eso, o burlan el dictamen y lo incumplen tan ricamente, rascándose la panza abacialmente, alegando cualquier penseque. En la práctica podemos concluir que la Barcelona moderna, cosmopolita, abierta, cool que se decía cuando uno era joven, ha mutado a mal (“malmutado”, si se permite) y la ciudad condal para sí reclama el título de villorrio, grande, sí, pero villorrio, paleto, aldeano, de cortas miras, que sigue la estrecha senda lingüística de capitales de comarca pioneras en la materia como Vich o Ripoll, donde el catalanismo más integrista disfruta de una sólida hegemonía electoral.
Poco antes del veraneo, el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) inadmitió la demanda promovida por Òdium Cultural y un grupo de padres de alumnos de la escuela de primaria “El Drac” (Canet de Mar), militantes acérrimos del monolingüismo catalanista. Andaban enojados por la sentencia, año 2023, del TSJC que establece la condición vehicular del “castellano” (por español), además de en la propia asignatura, en otras consideradas troncales según el plan de estudios del centro, cuando menos en un 25%. Dicha sentencia considera que la práctica de la escuela de enseñar exclusivamente en catalán vulnera el derecho y deber constitucionales de los alumnos de aprender el español, y en español, y no sólo la hija del padre “coraje” de Canet, que fue quien libró esa dura batalla en favor de la libertad lingüística y pagó precio por ello en la citada localidad.
Aquí el TEDH tuvo suficiente, para motivar la inadmisión, con hacer uso del sentido común, inexistente en España, y sin necesidad de transitar el desbarajustado laberinto de resoluciones judiciales que emborronan, matizan y colapsan el ejercicio real de los derechos lingüísticos en nuestro desnortado país. Cataluña, afirma el tribunal, es un territorio bilingüe (por región) donde castellano (por español) y catalán gozan de oficialidad, pero sólo el español lo es en toda la nación, por lo que restringir o prohibir su uso como lengua vehicular en la enseñanza privaría a los ciudadanos de su derecho a ser instruidos en la lengua nacional. Una cuestión de derechos. Y sin hacerse con la picha un lío dando la brasa con sesudos (y arcanos para la mayoría) argumentos sociolingüísticos. Otro motivo aducido es, arrea, “la preservación de la UNIDAD del sistema educativo”, un argumento tan cabal que hasta parece innecesario invocarlo, pero que a los dos partidos mayoritarios se la ha traído bochornosamente al fresco durante décadas. Es evidente, no obstante, que la unidad mencionada no puede preservarse hoy, pues no existe. El sistema fue cuarteado en diecisiete subsistemas. Al tiempo, añade el TEDH, que la práctica “inmersiva”, contraria a derecho, perjudica gravemente a las familias hispanohablantes avecindadas temporalmente en Cataluña al impedir a sus hijos el aprendizaje de conocimientos académicos en su lengua. Y, otrosí, dificulta su reintegración en el sistema educativo en caso de traslado a otra región.
Y aquí va la traca final, no de la sentencia, pero sí de la constatación del innegable fracaso de quienes nos consideramos “constitucionales”. Ese mínimo del 25% que invoca el tribunal europeo, no es sino la recomendación fijada, a su criterio, por el TSJC… pues los magistrados no tenían a mano una proporción establecida, defendida siquiera, alentada o sugerida que les sirviera de guía, a causa de la incomparecencia en la materia de los sucesivos gobiernos de la nación. Lo mismo podría haber establecido un 25% que un 50%… ¿Se figuran?… ¡¡¡Un 50%!!!… de haber contado con el respaldo de los representantes de la soberanía nacional. Pero la cuestión es… ¿Por qué habrían de dar sus togadas Señorías una batalla que no dieron aquéllos?… sea por el interés de esa aritmética parlamentaria cortoplacista, sin cuajo ni sustancia de ideas elevadas, sea por intrínseco acomplejamiento ante los nacionalismos periféricos, indolencia o cobardía.
Un embrollo del que sólo se atisba una salida razonable y aseada mediante una ley bien armada y reglada de uso de la lengua española de ámbito nacional, inequívoca, sin resquicios, habida cuenta de los vaivenes judiciales, de las interpretaciones aleatorias, del derecho creativo, de las desobediencias reiteradas y sin castigo, y de la sospechosa porosidad del Tribunal Constitucional, en todo tiempo, a las apetencias de los gobiernos tunantes, quise decir turnantes.
(*) Queremos vivir en catalán
(**) MIC, mecanismo identitario compensatorio

Me ha dicho el supervisor que o repaso los “pronoms febles” o me quita los 20 minutos del bocata
