Agarro el tractor de la Tolerancia y marcho a Reus, cuna del general Prim, espadón egregio de las armas nacionales, y de unos afamados vermús. El motivo que nos lleva hasta esas coordenadas es el ahora llamado “síndrome Reus”, que es un nocivo efecto de la depauperación democrática de estos aperreados tiempos. Es la primera vez que se recurre a semejante argumento para prohibir una conferencia. Ésta no se pudo celebrar en un local público de la citada localidad porque la ley objeto de la crítica de los ponentes ha sido aprobada y publicada en el BOE. Toma del frasco. Un mecanismo propio de las dictaduras, pues cuando no se admiten críticas al gobierno, tampoco a las leyes que aquél promulga.
Sandra Guaita, del PSC, es la alcaldesa. Dos concejales de ARA Reus, uno de esos grupos municipalistas dúctiles, dotados de una enorme adaptabilidad para formar gobierno, se sumaron a los ocho del PSC, la fuerza más votada, para sellar un pacto al que más tarde se unieron los cinco de ERC… que en la anterior legislatura tenían mando en plaza de la mano de Junts (antigua CiU), ahora en la oposición, y, cómo no, de ese mismo par de proteicos candidatos de ARA.
La conferencia, programada para el pasado mes de mayo, llevaba por título “¿Tenemos que proteger a nuestros hijos de la Ley Trans?”. Corría a cargo del psicólogo José Errasti, profesor de la universidad de Oviedo. No en vano, en Cataluña se conjugan dos factores que han propiciado el tan cacareado fenómeno del así llamado “oasis catalán” frente a la connatural podredumbre española: la combinación del ultranacionalismo identitario y del progresismo más desorejado. En muy pocos lugares de Europa y del mundo se han hibridado a mutua conveniencia, de manera más exultante y eficiente, ambos vectores, potenciándose el uno al otro, y el otro al uno. Recuérdese la entente cordiale entrambos para silenciar durante décadas los reiterados abusos a menores perpetrados en la abadía de Montserrat… con la complicidad añadida de la prensa regimental del “editorial único”, principalmente “La Vanguardia” y “El Periódico”.
De modo que cuando una ley ha sido aprobada, atiza, ya no cabe debate y crítica. Quiere decirse que aquellas normativas, en todo tiempo y lugar, pues la argumentación aspira, entendemos, a la universalidad, que han sido sometidas a debate parlamentario, que obtuvieron el nihil obstat de una mayoría de diputados, y pendientes o no de un fallo del tribunal de garantías que pertoque, si ha mediado recurso, te la tienes que comer con patatas y ya no puedes decir ni mu sobre el particular. Con arreglo al paradigma “reusense” no habrían podido los abolicionistas difundir su doctrina para derogar las leyes que permitían el tráfico esclavista. Aún regirían las leyes de Fugas, de Vagos y Maleantes. Y nos tocaría acatar en silencio, cual lacerante afección hemorroidal, esa basurienta Ley de Amnistía redactada a pachas entre la cúpula criminal y prostibularia del PSOE y Gonzalo Boye, condenado en firme por colaboración con banda armada, en representación de los golpistas de Junts.
Contrariamente a lo que parece, la doctrina “reusense” no es solamente un artificio que restringe un principio fundamental como el derecho a la libertad de expresión. Aunque, en cierto modo, emparentada con la máxima pujoliana del “avui no toca” (“hoy no toca”… hablar de lo que fuere, se entiende), trasciende esa oportunista y prosaica formulación pues en el fondo se trata de un hallazgo de alto voltaje filosófico por cuanto nos trae a las mientes la idea fuerza de la doctrina elaborada por Ludwig Wittgenstein, condensada en su revolucionario “Tractatus Logico-Philosophicus”. De lo que no se puede hablar, hay que callar, ésta sería, aproximadamente, su formulación angular. Hay quién dirá que la sentencia del gran pensador interesa a los más elevados asuntos que conciernen a la metafísica, y más específicamente al sempiterno debate sobre la traída y llevada existencia de Dios, pero la literalidad de la divisa cancela drásticamente toda disputa. De lo que no se puede hablar, lo mismo por prudencia intelectual que por mandato imperativo, hay que callar. Luego, en un caso u otro, más le aprovecharía a usted cerrar el pico. Y cada mochuelo a su olivo, que aquí se acabó el carbón.
Sucede que en nuestra envilecida España es perfectamente verosímil que el Tribunal Constitucional, a priori encargado de velar por la estricta conformidad a la Carta Magna de las leyes aprobadas por el legislativo, dé por bueno que un menor se hormone y se corte la pilila, incluso sin el consentimiento paterno, porque se percibe como Benita o Bernarda. O que amnistíe a unos subversivos sancionando que el golpismo es una práctica perfectamente constitucional, que no ha de conllevar castigo y que al no existir tal delito, los reos errónea y abusivamente condenados habrían de ser, va de suyo, resarcidos mediante indemnización a cargo del contribuyente. Por ello no causa sorpresa que un juez (creo recordar que en la provincia de Orense) fallara (y falló en atroz atentado contra el sentido común) que un niño de ocho años, ni siete ni nueve, ocho, era lo suficientemente maduro para iniciar su “transición” de género.
¿Permitimos que se haga eso a nuestros niños? Que nadie se rasgue las vestiduras. Tiempo ha que la aprehensión del mundo y la intelección humana dejaron de funcionar como compartimentos estancos. Jamás fue así en realidad, pues la valencia relacional del pensamiento advino desde el minuto uno a las cocorotas de todos los individuos de la especie, aun en las más torpes y ahuecadas. Cuando la palmaria negación de la realidad biológica, primaria, que no requiere elaboración mental, aquella que es perceptible sensorialmente de manera inmediata, tiene acomodo en el marco legal vigente, se suceden otras catástrofes sectoriales. Sea el caso del uso de una vivienda que antes concierne a su “okupa” que a su legítimo propietario o el de ese niño criado en Vitoria, o en Bilbao, que contra toda lógica adquiere sus conocimientos académicos en vascuence siendo la española la lengua de referencia familiar de la inmensa mayoría del alumnado vasco (de unas tres cuartas partes, aproximadamente). Que es, por ende, una de las lenguas más difundidas y demandadas a lo largo y ancho de este mundo. Pues a joderse todos y a zamparse en el comedor escolar unos bokadilloak de tortillak.
Sí, lo permitimos. Somos así de cobardes y de cabrones. Los niños asturianos, hasta ayer en el banquillo, salen a calentar, y a la vuelta de unos años, pocos, si nadie con dos dedos de frente lo remedia, serán fatalmente “inmersionados” en bable. Y se consumará semejante patochada en vida nuestra. A lo que vamos, el consistorio reusense no inventa nada, pero deviene pionero al aplicar en su municipio anticipadamente el complejo en dos movimientos de trasplantar los usos y costumbres propios de una tiranía a un régimen formalmente democrático (aún hoy), cuando no han sido todavía instauradas las leyes habilitantes para investir de un poder omnímodo al Ejecutivo. Se aprueban leyes birriosas por mayoría parlamentaria, el Constitucional de Conde-Pumpido las convalida, elevando la prevaricación más descarnada al nivel de las bellas artes, y haciendo gala el interfecto de esa grotesca mueca de quien gulusmea en el aire la hedentina de una persistente flatulencia. Y llega el consistorio de Reus y le pone el lazo al paquete suntuario: no se pueden criticar aquellas iniciativas legales (las de los míos, claro es) una vez aprobadas y publicadas en el BOE. Y si a usted no le place, ajo y agua. Y, tractorada aparte, si se da un garbeo por Calella de Palafrugell, para asistir a su festival anual de habaneras, ahórrese la emblemática pieza “El meu avi” cancelada por el consistorio, también de obediencia socialista.
Estatua conmemorativa del general Prim (Reus): “¡Non fuyades viles y cobardes criaturas, pardiez, que es un solo caballero el que os acomete!”
DE TRACTOR 